Como "preocupante", clasificó el presidente de Acción Cristiana la propuesta del Senador Genao de construir y gestionar hospitales en la zona fronteriza dominicana, dirigidos a servir a parturientas inmigrantes de Haití.
POR RYN
PUBLICADO EL 11 DE Dec DE 2024 10:19 PM
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El senador Rogelio Genao presentó hoy en el Senado una iniciativa a nombre suyo y de su partido, PRSC, proponiendo construir dos hospitales para parturientas haitianas en suelo dominicano, en la zona fronteriza con Haití. Propone que dicha construcción sea financiada por el gobierno dominicano y por instituciones internacionales y que sea operado conjuntamente por ONGs, iglesias y el gobierno dominicano. Su propuesta sugiere también cobrar ciertas tarifas a las haitianas que tengan papeles y otra a las que se presenten en condición de ilegalidad.
En relación a esto, el Lic. José Antonio Flaquer, presidente del Grupo Acción Cristiana, compartió un posicionamiento de la organización al respecto. “Entendemos que la propuesta del Senador Genao puede partir de buenas intenciones, pues es evidente para todos el drama que afecta hoy día a las madres y familias dominicanas que no encuentran lugar en los hospitales del país, debido a la masiva invasión de parturientas haitianas que los ocupan”, expresó.
De acuerdo a Flaquer, existen al menos cuatro efectos desafortunados que vendrían como consecuencia de la aprobación de una ley como esa.
En primer lugar, oficializaría el hecho de que la República Dominicana debe asumir indefinidamente la responsabilidad de ocuparse del problema de las parturientas haitianas, afectando el ya malogrado gasto público. “Eso sólo serviría para liberar a la comunidad internacional de su responsabilidad y facilitarle que definitivamente se olvide, como ya en efecto lo está haciendo, de sus obligaciones solidarias con este tema”, agregó.
En segundo lugar, regularizaría de manera incorrecta un tema que es violatorio a las leyes migratorias dominicanas, pasándole por encima a las legislaciones vigentes. “Esto vendría a ser una normalización oficial de que extranjeros crucen de manera ilegal la frontera para venir a parir aquí, costeado por los dominicanos, lo cual a su vez lo incentivaría”, explicó. Puntualizó, además, que sucedería lo mismo aún si se establecieran “diferentes tarifas para las parturientas en condición de ilegalidad y para las que estén regularizadas”.
En tercer lugar, Flaquer sugiere que esta propuesta ignoraría el drama de sustitución de poblaciones que se viene sucediendo en el país, donde el 40% de los partos a nivel nacional es de una población extranjera e ilegal, porcentajes que aumentan y llegan a superar el 90% en las zonas fronterizas y en provincias como La Altagracia. “Promover esto es una sentencia de muerte a la soberanía territorial nacional, porque no pasaría mucho tiempo para que los partos de extranjeros superen a los de dominicanos, y la Republica Dominicana como tal dejaría de existir”, declaró.
En cuarto lugar, el presidente de Acción Cristiana sostuvo consideró como “muy peligrosa” la idea de que sean ONGs e Iglesias que manejen esos hospitales, “ya que algunas de ellas son precisamente las que se han ocupado de promover la inmigración ilegal y de registrar en los hospitales a los hijos de parturientas en condiciones de ilegalidad”, advirtió. “Lo mismo sucede con algunas organizaciones de carácter religioso que operan en la frontera, que se han ocupado de promover la violación de nuestras leyes de inmigración impunemente”, argumentó.
El líder de Acción Cristiana exhortó al senador Genao a que recuerde que los legisladores tienen como función primaria asegurar que se cumplan las leyes y la Constitución dominicana. A su entender, “hace tiempo que el Senado debería haber interpelado a los violadores civiles, militares y oficiales, desde los más bajos a las más altas instancias, acerca de esta problemática”, consideró.
Sin embargo, consideró adecuada la propuesta, con una sola condición, explicándolo así: “la única manera en que esta propuesta presentada por el Senador Genao podría ser aceptable sería si los hospitales que se propone construir son construidos en la zona fronteriza del lado de Haití. El esquema propuesto puede ser el mismo, pero con la responsabilidad de toda la gestión siendo asumida allá, por ONGs, iglesias y el gobierno de Haití, trabajando como un patronato, y con cierto apoyo financiero de la República Dominicana, como parte de la Comunidad Internacional”.
El Sr. Flaquer enfatizó que la única solución factible a esta crisis consiste en asegurar el cumplimiento estricto de las leyes.
“La única salida a esta crisis es que se termine el negocio de los paritorios de una vez por todas, y que se restaure la ley y el orden en la Republica Dominicana. Ningún inmigrante, en condición legal o ilegal, debe usar los servicios públicos de los dominicanos sin pagar, salvo casos excepcionales de real emergencia. Los hospitales, en lugar de ser cómplices del delito de naturalización al vapor de hijos de personas en condición irregular o ilegal, o de operar como refugios silentes, deben constituirse en instituciones observadoras de la ley, que reporten a las autoridades los casos en que personas en condición de ilegalidad penetren al hospital, para que las autoridades de inmigración procedan al cumplimiento de las leyes, aun sea luego de ser atendidos, según la situación lo amerite. Esto tomando en cuenta también los peligros inminentes vinculados a la seguridad nacional.”
El comunicado catalogó como preocupante el hecho de que no se entienda la gravedad de lo que sucede en la República Dominicana, así como también “las implicaciones que tendrá si no se hace nada para detener esto, y en lugar de eso, incentivamos la violación de las leyes y la anarquía, que es lo que actualmente prevalece en el país vecino”, concluyó.
Fuente: Senado de la República
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